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Hace una hora

Gobierno promulga decreto que protege a quienes actúen en legítima defensa

La norma establece criterios para evaluar estos casos y exige una motivación cualificada cuando el Poder Judicial descarte su aplicación.

Gobierno promulga decreto que protege a quienes actúen en legítima defensa

La norma establece criterios para evaluar estos casos y exige una motivación cualificada cuando el Poder Judicial descarte su aplicación.




El Gobierno de Keiko Fujimori aprobó el Decreto Legislativo N.° 1743, una norma que modifica el Código Penal con el objetivo de fortalecer la protección de los ciudadanos que actúen en legítima defensa frente a situaciones de criminalidad que azotan al país. 

La disposición busca optimizar la aplicación de esta causal de exención de responsabilidad penal y evitar que las personas que defiendan su integridad, la de terceros o sus bienes vean afectados sus derechos por ejercer este mecanismo de protección.

La medida fue aprobada en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso de la República mediante la Ley N.° 32743, publicada el 22 de octubre de 2026. Esta otorgó al Ejecutivo un plazo de 90 días calendario para legislar en materias relacionadas con la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

¿QUÉ ESTABLECE EL DECRETO LEGISLATIVO N.° 1743?

Entre los principales cambios se encuentra el establecimiento de una presunción de actuación racional a favor de las personas que ejerzan la legítima defensa frente a una agresión. Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario, por lo que podrá ser desvirtuada si existen elementos que demuestren que no se cumplieron las condiciones para aplicar esta figura legal.

Asimismo, la norma establece que toda resolución judicial que descarte la aplicación de la legítima defensa deberá contar con una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad. 

BUSCA GARANTIZAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Por otro lado, en el decreto se especifica que estas disposiciones deben respetar la presunción de inocencia y la carga de la prueba que corresponde al Ministerio Público. Ambos principios son fundamentales para garantizar el debido proceso dentro del sistema de justicia peruano, buscando optimizar el ejercicio del derecho a la legítima defensa y dotar de mayor eficacia a su aplicación como causal de exención de responsabilidad penal. 


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