El Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio del dictamen de la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2025, documento remitido por el Poder Ejecutivo que busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos. La aprobación se produce luego de 12 años sin que este informe recibiera el respaldo parlamentario y apunta a mejorar el seguimiento de las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República.
La sustentación estuvo a cargo del senador José Arista Arbildo, de Fuerza Popular y presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República, quien explicó que la propuesta busca reforzar la vigilancia sobre los fondos estatales. El dictamen recibió 36 votos a favor, nueve en contra y nueve abstenciones en el Senado, mientras que en la Cámara de Diputados obtuvo 85 votos a favor, 11 en contra y 25 abstenciones. Arista precisó que la aprobación no significa validar la gestión de las autoridades ni eximir a los funcionarios de eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Entre las principales disposiciones figura la obligación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de presentar un plan para implementar las recomendaciones de la Contraloría. Asimismo, se autoriza el acceso del órgano de control a información tributaria anonimizada de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), respetando la reserva tributaria. Estas medidas buscan facilitar la fiscalización y contribuir a detectar deficiencias en la administración de los recursos públicos, así como mejorar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría.
INVENTARIO DE OBRAS PARALIZADAS
Otro punto central es la creación del Inventario Nacional de Obras Paralizadas, que permitirá reunir información sobre proyectos inconclusos y contribuir a diseñar medidas para su reactivación. Durante el debate, legisladores como Nery Fernández Nina advirtieron sobre los presupuestos no ejecutados y las obras pendientes, mientras que César Holguín Loayza pidió mayor claridad en el uso de los fondos estatales. Por su parte, Cecilia Chacón respaldó las medidas vinculadas con la transparencia y el seguimiento de las observaciones de la Contraloría. La aprobación busca fortalecer el control del gasto público, sin eliminar las responsabilidades que pudieran corresponder a los funcionarios involucrados.
