El ministro del Interior, César Astudillo, afrontará este jueves 17 de septiembre una de las principales evaluaciones políticas de su gestión. Desde las 10:00 a. m., el titular del Mininter acudirá ante el Pleno de la Cámara de Diputados para responder un pliego interpelatorio de 27 preguntas, centradas principalmente en las medidas implementadas para enfrentar la inseguridad ciudadana y el incremento de la criminalidad en el Perú.
EXTORSIÓN, SICARIATO Y HOMICIDIOS EN EL CENTRO DEL DEBATE
La sesión pondrá bajo escrutinio las estrategias aplicadas por el Ministerio del Interior frente a delitos como la extorsión, el sicariato y los homicidios agravados. Los diputados también solicitarán información sobre los mecanismos utilizados para evaluar los resultados de las medidas de seguridad, la coordinación del Mininter con otras instituciones del Estado y los recursos presupuestales destinados a los programas de seguridad ciudadana.
El cuestionario contempla además interrogantes relacionadas con la participación de las juntas vecinales, la protección de defensores de derechos humanos y los convenios internacionales destinados a combatir el crimen organizado transnacional. Asimismo, Astudillo deberá responder sobre los resultados obtenidos en investigaciones vinculadas con secuestros y desapariciones, entre otros asuntos relacionados con la política de seguridad del Gobierno.
DIPUTADOS TENDRÁN DOS HORAS PARA DEBATIR
La Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados acordó por unanimidad establecer dos horas de debate parlamentario durante la sesión de interpelación. Este tiempo será distribuido proporcionalmente entre los seis grupos parlamentarios y no se otorgará tiempo adicional a las bancadas. La sesión está programada para este jueves a partir de las 10:00 a. m.
La interpelación fue admitida el pasado 10 de septiembre mediante la Moción de Orden del Día 256-2026-2031-CD. La iniciativa obtuvo 50 votos a favor, 65 en contra y una abstención, superando el mínimo reglamentario de 42 votos requerido para admitirla. La moción plantea cuestionamientos sobre la conducción de la política de seguridad ciudadana y presuntas designaciones irregulares dentro del sector Interior.
