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Hace 3 horas

ONPE aprueba más de S/624 mil para financiar defensa de su exjefe Piero Corvetto

Los recursos fueron destinados al estudio Arbizu y Gamarra mediante un procedimiento especial aprobado por la ONPE.

ONPE aprueba más de S/624 mil para financiar defensa de su exjefe Piero Corvetto

Los recursos fueron destinados al estudio Arbizu y Gamarra mediante un procedimiento especial aprobado por la ONPE.




La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el uso de recursos públicos para financiar la defensa legal de su exjefe, Piero Corvetto, mediante dos desembolsos que superan los 624 mil soles destinados al estudio de abogados Arbizu y Gamarra.

La información se conoció a través de resoluciones internas y del Acta de Admisión N.° 08-2026-FUNC-ONPE, documentos difundidos por el abogado David Dumet en el programa Al revés y al derecho.

Según los registros, el primer pago ascendió a 100 mil soles y fue autorizado en abril de este año. El segundo desembolso, por un monto de 524 mil soles, fue tramitado el pasado 22 de julio, elevando el total destinado a la defensa legal del exfuncionario a más de S/ 624 mil.

CONTRATACIÓN FUE APROBADA 

La autorización del servicio se encuentra contenida en la Resolución de Secretaría General N.° 71-2026-SG, suscrita por el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, quien anteriormente se desempeñó como gerente general durante la gestión de Corvetto.

El documento aprueba una contratación bajo la modalidad de procedimiento de selección no competitivo, argumentando que se trata de un servicio especializado de asesoría legal para la defensa del exjefe de la entidad electoral.

CONGRESO SOLICITA EXPLICACIONES 

El beneficio otorgado a Corvetto cubre tanto la etapa preliminar como la etapa preparatoria de los procesos penales y administrativos que enfrenta por presuntas irregularidades y fallas logísticas registradas durante la organización de las Elecciones Generales 2026.

Sin embargo, la decisión ha generado cuestionamientos en el ámbito político debido al elevado monto destinado para la contratación de la defensa legal con recursos públicos. Esta situación ha hecho que funcionarios públicos como Aldo Bravo de Renovación Popular soliciten la intervención de la Contraloría General de la República para que evalúe la legalidad y pertinencia de los desembolsos. 


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