El 2025 quedará registrado como uno de los años más críticos para el Congreso de la República. En julio, el Parlamento alcanzó una desaprobación histórica del 93%, reflejo del profundo malestar ciudadano frente al comportamiento de la mayoría de legisladores y a la aprobación de leyes consideradas contrarias al interés público. Analistas políticos coinciden en que el Legislativo se ha esforzado por actuar de espaldas a la ciudadanía, favoreciendo intereses particulares y debilitando la confianza en la institución.
A inicios del año, el Congreso dio uno de sus primeros golpes más polémicos al aprobar, en primera votación, la restitución de la inmunidad parlamentaria, figura que protege a los legisladores de ser detenidos o procesados. Aunque esta prerrogativa había sido eliminada años atrás con amplio respaldo ciudadano, congresistas de diversas bancadas defendieron su retorno alegando una supuesta protección de la institucionalidad frente a lo que calificaron como persecuciones desde la Fiscalía. La reforma aún debe ser ratificada en una segunda votación.
A mitad de año, la situación se agravó con la aprobación de un paquete de leyes que, según especialistas y exautoridades, debilitarían la lucha contra el crimen organizado. Entre ellas destaca la Ley 32108, que modificó el concepto de organización criminal y obliga a la presencia de un abogado durante los allanamientos fiscales, y la Ley 32130, que devolvió a la Policía la conducción de la investigación preliminar, restando competencias a los fiscales. Estas normas provocaron nuevas protestas y llevaron la aprobación del Congreso a apenas 3 % en octubre, según una encuesta de Ipsos.
NOMBRAMIENTOS CUESTIONADOS
El desprestigio parlamentario se vio reforzado por nombramientos cuestionados, como el de Yessenia Lozano en un cargo clave del Congreso pese a no cumplir los requisitos, y por la revelación de beneficios económicos otorgados a los legisladores. Pese a la severa desaprobación ciudadana, los 130 congresistas recibieron en diciembre un pago de S/46.900 cada uno, que incluyó sueldo, gratificación, asignaciones y una tarjeta navideña, alimentando aún más la indignación pública frente a un Parlamento cada vez más distante de la población.
