Han pasado cuatro meses desde que se inició el proceso de vacancia contra Gino Ríos Patio, presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), y la institución aún no ha tomado una decisión. El motivo: Ríos omitió en su hoja de vida una sentencia firme por violencia familiar de 2011, dictada por el Primer Juzgado Transitorio de Familia de La Molina y Cieneguilla. El caso, respaldado por pericias psicológicas, comprobó daño emocional hacia su exesposa y derivó en medidas de protección.
PROCESO DETENIDO Y JUNTA DIVIDIDA
De los siete miembros de la JNJ, solo Francisco Távara y Germán Serkovic votaron a favor de la vacancia del titular. Los otros cinco, incluida la vicepresidenta María Teresa Cabrera, se opusieron, generando una división interna sin precedentes. La situación contrasta con el caso de Rafael Ruiz Hidalgo, exmiembro destituido en abril de 2025 en menos de dos meses por no informar una condena penal por prevaricato. En cambio, el proceso de Ríos se desarrolla en sesiones reservadas, sin transparencia pública.
La defensa de Ríos consultada por Cuarto Poder, encabezada por el abogado Wilber Medina, sostiene que su cliente no mintió, ya que la sentencia fue civil y no penal. “La ley exige haber sido condenado penalmente; ese no es el caso”, argumentó Medina, calificando el proceso como una “doble moral” de quienes buscan desacreditarlo.
CRÍTICAS POR INCONSISTENCIA Y FALTA DE TRANSPARENCIA
La demora ha encendido alertas en el ámbito jurídico. Según el informe periodístico, la abogada constitucionalista Beatriz Ramírez advirtió que mantener en el cargo a una persona con sentencia por violencia familiar vulnera la integridad moral de la JNJ: “¿Cómo puede alguien con una sanción así elegir a jueces que deben sancionar ese mismo delito?”. En tanto, el exintegrante de la Junta, Alejandro Rospigliosi, alertó que esta diferencia de criterios puede “debilitar la legitimidad” del organismo y abrir la puerta a la impunidad.
Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de mujeres reclaman una resolución inmediata y pública, denunciando un “doble estándar” entre los casos de Ríos y Ruiz Hidalgo. Para los críticos, el silencio prolongado de la JNJ erosiona su credibilidad y pone en entredicho su papel como ente rector de la ética judicial en el Perú.
