Al menos el 65% de los aportantes a la campaña del actual gobernador Ciro Castillo Rojo han obtenido órdenes de servicio o contratos con el propio Gobierno Regional del Callao tras su elección.
De acuerdo a un reportaje de Cuarto Poder, registros oficiales de la ONPE y del SEACE muestran un patrón recurrente donde quienes colaboraron con bienes o dinero durante la campaña electoral del 2022 accedieron luego a vínculos contractuales con la institución regional.
Casos documentados
Uno de los casos más llamativos es el de Jorge Quispe Gómez, quien aportó S/ 5,500 en especie a la campaña de Castillo. Su empresa TRANSPOECO SAC, sin historial previo de contrataciones públicas, comenzó a trabajar con el Gobierno Regional en marzo de 2023 con un contrato de S/ 39 mil, acumulando posteriormente contratos por casi medio millón de soles.
Otro caso similar es el de Humberto Matta Corazón, quien aportó S/ 1,800 en polos, globos y llaveros y cuya empresa Mattco Soluciones en Publicidad recibió más de S/ 442 mil tras reactivarse con el gobierno regional.
Walter Tincopa Silvera, quien figura como aportante de S/ 6,500, negó haber donado dinero o especie alguna, pese a ser favorecido con contratos por más de S/103 mil. También se documentó el caso de la familia Salluca Salluca, con cuatro miembros aportantes que sumaron S/ 27,500 y obtuvieron órdenes de servicio por montos que superan los S/ 209 mil.
Indicios de irregularidades
El dominical consultó a la abogada Cecilia Ruiz, quien explicó que estos casos podrían configurar indicios de irregularidades. "Una empresa que nunca ha ganado, aporta a un candidato y luego cuando este llega al poder la empresa se ve beneficiada, es un acto irregular", señaló.
La letrada explicó que si bien no está prohibido que un aportante postule a contratos públicos, todos deben ser adjudicados mediante procesos abiertos y competitivos, sin privilegios indebidos, según establece la normativa de contrataciones del Estado.
