El congresista de Somos Perú, Luis Cordero Jon Tay, presentó un proyecto de ley que busca permitir que las empresas puedan descontar los pagos por extorsión en el impuesto a la renta, en un contexto de creciente crisis de seguridad ciudadana y política en el país. La iniciativa busca formalizar las pérdidas económicas derivadas de delitos como parte del cálculo tributario, mediante la presentación de una declaración jurada y evidencia documental.
La propuesta legislativa plantea modificar el literal ‘d’ del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. Según el artículo 2 del proyecto, los contribuyentes que sean víctimas de extorsión podrán acreditar las pérdidas extraordinarias “a través de una declaración jurada con firma legalizada”, con el fin de proteger la vida, seguridad e integridad física del contribuyente y su familia.
El texto del proyecto establece que, para determinar la renta neta de tercera categoría, se podrán deducir los gastos necesarios para generar la renta, incluidos aquellos originados por casos fortuitos, fuerza mayor o delitos cometidos en perjuicio del contribuyente, siempre que no estén cubiertos por indemnizaciones o seguros. La norma también indica que la deducción procederá si se prueba judicialmente el hecho delictuoso o si se acredita que es inútil ejercer acción judicial.
DECLARACIÓN JURADA Y RESPONSABILIDAD PENAL
El proyecto también contempla que existan responsabilidades penales para quienes presenten información falsa en la declaración jurada. Además, la SUNAT será la encargada de aprobar las normas reglamentarias necesarias para la correcta implementación de la ley, asegurando su eficacia y la formalización de las pérdidas extraordinarias sufridas por contribuyentes víctimas de extorsión.
