Pese a la presión de los gremios de transportistas y los acuerdos alcanzados en el Congreso, el Ejecutivo ha decidido no declarar en estado de emergencia el transporte público en Lima y Callao. El Gobierno sostiene que existen mecanismos legales y policiales que permiten enfrentar la ola de extorsiones sin vulnerar derechos fundamentales.
MINISTROS DEFIENDEN OPERATIVOS VIGENTES
Durante una conferencia en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana y Carlos Malaver explicaron que el país cuenta con herramientas suficientes para combatir la criminalidad sin recurrir a un estado de excepción. Ambos ministros participaron en la mesa de diálogo con los transportistas, tras el levantamiento del paro nacional convocado el lunes por la noche.
El titular de la PCM, Eduardo Arana, aclaró que el pedido de los gremios no se ajusta a los parámetros técnicos que justifican una declaratoria de emergencia. Detalló que existen tres tipos de estados de emergencia —constitucional, administrativo y de contrataciones públicas— y que el solicitado por los transportistas implicaría la supresión de derechos, lo cual, según dijo, no es necesario.
Arana subrayó que la Policía Nacional ya ejecuta operativos de vigilancia, inteligencia y control para neutralizar las redes de extorsión. “Si puedo detener a un culpable mediante una investigación, no necesito suspender derechos. Hay herramientas legales que permiten lograr los mismos resultados sin violar la Constitución”, puntualizó.
Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver, destacó que la Ley Nº 32130 está permitiendo que la acción policial sea “más rápida y eficiente” sin necesidad de estados de excepción. Explicó que las medidas de patrullaje, control territorial y prevención se han reforzado en zonas críticas del transporte público.
Malaver precisó que, aunque no se descarta una evaluación futura de esta medida, el Gobierno apuesta por “dinamizar la acción policial” con herramientas normativas existentes. “Estamos demostrando que la respuesta del Estado puede ser inmediata y efectiva sin recurrir a la suspensión de garantías constitucionales”, declaró.
TRANSPORTISTAS INSISTEN EN DECLARATORIA
El pronunciamiento del Ejecutivo llega un día después de que los gremios suspendieran su paro tras un acuerdo con el Gobierno y el compromiso de instalar una mesa de trabajo el 14 de octubre. No obstante, los dirigentes insisten en que la violencia y las extorsiones exigen una declaratoria de emergencia.
Este martes, representantes de los transportistas acudieron al Congreso para reafirmar su pedido, respaldado por algunos legisladores. La reunión se desarrolló en paralelo a las declaraciones de los ministros, quienes reiteraron que la prioridad del Ejecutivo es mantener el orden sin afectar derechos ciudadanos.
