El reciente fallo del Tribunal Constitucional, que ordena paralizar las cinco indagaciones fiscales abiertas contra la presidenta Dina Boluarte hasta el fin de su gestión en 2026, ha provocado una marcada confrontación en el Congreso de la República. Mientras un sector interpreta la medida como una protección desmedida a la mandataria, otro sostiene que se trata de un resguardo a la investidura presidencial frente a eventuales interferencias en la conducción del Ejecutivo.
Argumentos a favor y en contra
Los legisladores críticos, como Edward Málaga y Elvis Vergara, advierten que la suspensión genera un grave precedente y debilita la lucha contra la corrupción. Argumentan que el retraso de los procesos podría traducirse en pérdida de pruebas y, por ende, en mayor impunidad. En esa misma línea, Alejandro Muñante subrayó que toda autoridad debe estar sujeta al escrutinio judicial, incluso la jefa de Estado.
Desde la otra orilla, congresistas como Alejandro Cavero y Alejandro Aguinaga defendieron la sentencia al considerar que no se trata de un blindaje personal, sino de una salvaguarda a la figura presidencial. Sostienen que la resolución actúa como correctivo frente a lo que califican de excesos del Ministerio Público y remarcan que no extingue los procesos, sino que los aplaza hasta el término del mandato.
Fuera del ámbito parlamentario, especialistas constitucionales han señalado que la resolución del máximo tribunal podría intensificar el desencanto ciudadano hacia las instituciones. El debate de fondo, remarcan, gira en torno al equilibrio entre preservar la estabilidad política y responder a la demanda social de que ninguna autoridad quede exenta de investigación.
