El titular del Ministerio de Energía y Minas, Jorge Montero, negó que el Estado haya inyectado nuevos recursos a Petroperú. Precisó que lo ocurrido corresponde a una reprogramación financiera de mil millones de dólares hasta 2028, bajo mecanismos regulares del sistema bancario. Esta medida forma parte del proceso de reorganización establecido en el Decreto de Urgencia 013-2024, el cual busca garantizar la operatividad de la petrolera estatal sin recurrir a un salvataje económico.
Venta de activos y renovación estructural en marcha
Como parte del plan de reorganización, se identificaron 33 activos de Petroperú susceptibles de ser vendidos, cifra que podría ampliarse a 51 según evaluaciones en curso. Entre ellos figura el emblemático edificio de la empresa en San Isidro, aunque su comercialización aún está bajo análisis. Además, Montero informó que cinco consultoras de reconocimiento internacional fueron preseleccionadas para liderar la transformación empresarial de la compañía, dentro del nuevo modelo que incluirá a un chief transformation officer (CTO).
Por otro lado, se anunció la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2025, en respuesta a la falta de una ley adecuada que regule a la pequeña minería y minería artesanal. Aquellos registros suspendidos podrán apelar en un plazo de 15 días hábiles, conforme a la normativa vigente. El ministro aclaró que no habrá nuevas ampliaciones del proceso y que quienes no cumplieron los requisitos concluyeron su trámite el 30 de junio.
Finalmente, Montero adelantó que una mesa técnica presentará en dos meses una propuesta legislativa orientada a ordenar la minería artesanal. Esta iniciativa abordará tres ejes principales: los registros aún vigentes, el reconocimiento de derechos laborales y el diseño de una ley integral para este sector. La mesa multisectorial incluye actores del Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y organizaciones técnicas y sociales.