La Corte de Apelaciones del distrito de Columbia, en Estados Unidos, ratificó dos laudos arbitrales que obligan a la Municipalidad de Lima a pagar cerca de US$200 millones al consorcio Rutas de Lima. La decisión concluye que no hay pruebas suficientes de corrupción para anular la concesión firmada en 2013. La empresa opera las vías Panamericana Norte, Sur y Ramiro Prialé.
Este fallo respalda una resolución de marzo de 2024 emitida por un tribunal del distrito de Washington D.C. La comuna limeña había alegado que el contrato era inválido por presuntos sobornos ligados a Odebrecht. Sin embargo, los jueces rechazaron esas acusaciones por falta de evidencia contundente.
El contrato entre la Municipalidad y Rutas de Lima, firmado en 2013 por 30 años, implicaba que la empresa construiría y operaría vías urbanas a cambio de ingresos por peajes. Aunque la comuna debía ejecutar obras preliminares, esas obligaciones fueron asumidas por el concesionario entre 2014 y 2016. A cambio, se autorizó el alza progresiva de las tarifas.
La crisis estalló en 2017 con la implementación del peaje en Puente Piedra, que desató protestas masivas. La Municipalidad suspendió el cobro y se negó a aplicar los incrementos pactados, lo que llevó al consorcio a iniciar arbitrajes internacionales bajo normas de la Uncitral. Los tribunales terminaron dándole la razón a la concesionaria.
MÁS LAUDOS ARBITRALES PERDIDOS
En 2020 y 2022, dos tribunales arbitrales ordenaron a Lima pagar compensaciones por un total superior a los US$190 millones, sumados intereses. Los argumentos de la comuna sobre supuesta corrupción, ocultamiento de documentos y mala conducta arbitral fueron rechazados por la justicia estadounidense.
En paralelo, Brookfield, el principal accionista de Rutas, ha demandado al Estado peruano ante el CIADI por US$2.700 millones. Alega una expropiación encubierta de tramos concesionados mediante normas municipales. Mientras tanto, sigue activo un tercer arbitraje en el que se impidió que Lima cancele unilateralmente el contrato.
