La Fiscalía de la Nación, a través de su Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, ha anunciado la presentación de una acción legal contra la congresista Rosio Torres Salinas, según un comunicado emitido el 19 de junio de 2025. El documento señala: “La Fiscalía de la Nación, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, hace de conocimiento que se presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República en contra de Rosio Torres Salinas, en su calidad de congresista de la República, como presunta autora del delito de peculado doloso, en agravio del Estado”. Esta medida abre un nuevo capítulo en la investigación de su gestión.
El caso se centra en acusaciones de que Torres Salinas habría utilizado recursos públicos para fines personales, según detalla el comunicado. “Los hechos se refieren a que Torres Salinas habría utilizado —para fines personales y vinculados a su partido político— una trabajadora contratada y remunerada por el Congreso de la República, asignada a su despacho congresal, para que del 4 al 9 de abril de 2022 y en horario de trabajo, depure el padrón de militantes del partido Alianza Para el Progreso”. El objetivo habría sido apoyar la candidatura de Fernando Meléndez Celis, su esposo y aspirante a gobernador regional de Loreto, lo que ha generado cuestionamientos éticos.
Implicaciones de las acusaciones
La Fiscalía subraya que las acciones de Torres Salinas exceden sus responsabilidades oficiales. El comunicado aclara: “Es importante indicar que dichas funciones de índole personal no están comprendidas dentro de las obligaciones funcionales del personal contratado por el Poder Legislativo”.
Esta distinción sugiere que el uso de una empleada pública para tareas partidarias podría constituir un mal manejo de recursos estatales, un punto clave en la denuncia presentada ante el Congreso de la República para su evaluación.
