El Congreso de la República del Perú ha promulgado la Ley N° 32351, que reforma la Ley 30364 con el propósito de combatir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La nueva normativa establece que los medios de comunicación están obligados a destinar un porcentaje de su programación para difundir mensajes relacionados con la prevención y erradicación de este problema social. Según el texto oficial, "los medios de comunicación, en la difusión de informaciones relativas a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, garantizarán la correspondiente objetividad informativa".
Sin embargo, la obligatoriedad impuesta a los medios ha generado debate sobre su posible uso con fines políticos. La ley detalla que "las instituciones públicas articuladas en el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar accederán en forma gratuita a un 10% de la programación", lo que incluye medios escritos, radiales y televisivos, tanto públicos como privados. Este mandato busca priorizar la educación y sensibilización, pero algunos críticos temen que el espacio pueda ser utilizado para promover agendas políticas.
Espacio podría ser empleado para diferentes fines
La posibilidad de que estos espacios sean aprovechados para difundir mensajes a favor del gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha sido señalada como una preocupación latente. Aunque la ley no lo menciona explícitamente, el acceso gratuito de instituciones públicas a los medios podría abrir la puerta a narrativas que beneficien al Ejecutivo. "A partir de la presente ley, en un plazo no mayor de treinta días calendarios contados desde su entrada en vigor", se implementarán estas disposiciones, según lo estipulado en el documento, lo que da un margen ajustado para definir cómo se gestionarán dichos contenidos.
El texto de la ley, que entrará en vigor el 24 de mayo de 2026, busca garantizar la protección de las víctimas de violencia, pero el riesgo de un uso político sigue siendo un punto de discusión. "Los medios de comunicación deben de contribuir a la difusión de informaciones relativas a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar", reza el artículo 46 modificado, dejando en el aire cómo se supervisará el contenido para evitar desviaciones hacia fines propagandísticos. Este aspecto ha puesto en alerta a diversos sectores sobre la necesidad de mecanismos que aseguren la neutralidad de los mensajes.
