La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Dina Boluarte Zegarra, en su condición de presidenta de la República. La mandataria es acusada como presunta autora del delito de omisión de funciones y abandono del cargo, en agravio del Estado.
Según el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, Boluarte habría omitido informar al Consejo de Ministros y al Congreso de la República sobre su impedimento físico temporal entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023. Durante ese periodo, la presidenta estuvo bajo recuperación médica tras someterse a múltiples cirugías estéticas en una clínica privada de Lima.
La Fiscalía sostiene que dicha omisión vulnera lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Constitución, que regulan los supuestos en los que un presidente debe suspender temporalmente el ejercicio de sus funciones. Al no comunicar su incapacidad, la presidenta habría continuado formalmente en el cargo sin estar en condiciones de ejercerlo.
De forma alternativa, se señala que Boluarte habría incurrido en abandono del cargo, al retirarse de sus funciones sin dejar constancia ni delegar responsabilidades, lo cual afectó el funcionamiento regular del Estado. La intervención quirúrgica, según se ha precisado, ocurrió el 28 de junio, un día antes de que iniciara el periodo en cuestión.
CINCO DENUNCIAS CONSTITUCIONALES
La denuncia fue enviada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que ahora deberá evaluar su procedencia y decidir si se inicia un proceso constitucional contra la mandataria. Este nuevo cuestionamiento se suma a otras investigaciones en curso, como su presunta implicancia en la fuga de Vladimir Cerrón y un posible delito de colusión en el caso Qali Warma.
Además, Boluarte enfrenta cargos por lesiones leves y graves ocurridas durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y comienzos de 2023, así como una pesquisa por el presunto incremento ilegal e injustificado de su patrimonio.
