El Poder Ejecutivo formalizó este jueves la renuncia de Javier Llaque Moya a la presidencia del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, luego de la fuga de un interno extranjero del penal de Lurigancho. La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema N° 077-2025-JUS, publicada en el diario El Peruano, y refrendada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Justicia, Eduardo Arana.
La renuncia de Llaque se produce tras el escape de John Kennedy Javier Sebastián, ciudadano venezolano condenado a 10 años por delitos contra el patrimonio. El interno burló los controles de seguridad, escaló una malla, atravesó un espacio sin vigilancia y superó un muro exterior, generando un escándalo nacional por la vulnerabilidad del sistema penitenciario.
“RESPONSABILIDAD FUNCIONAL”, SEÑALA EL EJECUTIVO
Durante una conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que la salida de Llaque responde a una “responsabilidad funcional” asumida por el exjefe del INPE. También anunció la destitución del director del penal de Lurigancho y la revisión de los protocolos de vigilancia. El Gobierno ya evalúa a su posible sucesor.
“El señor Llaque presentó su renuncia, que ha sido aceptada, y se designará un nuevo titular del INPE”, declaró Adrianzén, quien enfatizó que este tipo de decisiones son necesarias para enfrentar fallas institucionales graves como la reciente fuga.
REFORZARÁN SEGURIDAD PENITENCIARIA
Tras la evasión, el INPE tomó medidas inmediatas: removió al director del penal, reemplazó al personal involucrado en la vigilancia del área comprometida y dispuso el refuerzo de los controles internos y perimetrales. La fuga expuso las falencias del sistema de seguridad penitenciaria y generó cuestionamientos sobre la gestión del organismo.
