La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra la excongresista Luciana León Romero, acusándola de tráfico de influencias agravado.
De acuerdo con las investigaciones, León habría utilizado su posición como funcionaria pública para interceder ante entidades del Estado a cambio de beneficios económicos. Estas gestiones incluían, presuntamente, a su asistente como intermediario.
Vínculos con “Los intocables ediles”
En una resolución aprobada por el Pleno del Congreso en junio de 2023, se declaró procedente la formación de causa penal contra León. A la exlegisladora se le acusa de gestionar financiamiento público para obras de la Municipalidad de La Victoria entre 2017 y 2018.
La investigación apunta a que las obras habrían sido direccionadas a empresas vinculadas a Alexander Peña Quispe, supuesto líder de la organización criminal “Los intocables ediles de La Victoria”. Estas gestiones habrían sido realizadas con conocimiento de altos funcionarios de los ministerios de Economía y Vivienda.
Delitos imputados y próximos pasos
Además del presunto tráfico de influencias, a Luciana León se le atribuyen los delitos de cohecho pasivo impropio y peculado doloso. La Fiscalía sostiene que estas acciones fueron en agravio del Estado, lo que agrava su situación legal.
