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Eduardo Arana denuncia intenciones políticas detrás del paro de transportistas durante APEC

El ministro de Justicia advirtió sobre posibles intentos de desestabilizar al Gobierno a través de marchas y paros programados en el contexto del foro APEC, que se celebrará en Lima.

Foto: ANDINA



El ministro de Justicia, Eduardo Arana, expresó su preocupación ante el anuncio de un paro de transportistas durante la cumbre de la APEC en Lima, señalando que ciertos grupos estarían aprovechando estas manifestaciones para desestabilizar al Gobierno de Dina Boluarte.

Según Arana, algunas figuras políticas buscan utilizar las movilizaciones ciudadanas para impactar negativamente en la imagen del país en un evento de importancia internacional. En una reciente declaración a la prensa, Arana enfatizó que, aunque algunos ciudadanos tienen demandas legítimas, ciertos actores están manipulando estas protestas con fines políticos.

“No podemos dejar de observar que en este paro se han sumado algunos que han estado fuera del circuito político y que ahora pretenden utilizar estas marchas para atacar al Gobierno y la sociedad en general”, declaró.

El ministro alertó que las movilizaciones planeadas en torno al APEC podrían tener un impacto desfavorable en el foro, un evento clave para las relaciones económicas internacionales de Perú.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PROTEGER EL FORO APEC

Arana también subrayó que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional están tomando las medidas de seguridad necesarias para evitar que las movilizaciones afecten el desarrollo del foro APEC.

Expresó su confianza en que las autoridades gestionarán el orden público y protegerán la imagen de Perú ante la comunidad internacional, resaltando la importancia de mantenerse alertas frente a cualquier intento de politizar las demandas sociales.

El ministro de Justicia aprovechó la ocasión para destacar el trabajo que viene realizando su ministerio en el fortalecimiento del sistema penitenciario del país.

Arana adelantó que se emitirá un decreto de urgencia para mejorar la infraestructura penitenciaria, lo cual contribuirá a optimizar el funcionamiento del sistema de justicia y ofrecer mejores condiciones dentro de los centros de reclusión.


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