El Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal Germán Juárez Atoche y el Equipo Especial Lava Jato, anunció la firma de un acuerdo de colaboración eficaz con Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA).
Este acuerdo, que también involucra a la Procuraduría Pública Ad Hoc del Caso Odebrecht, obliga a ICCGSA a pagar una considerable suma de S/ 181′173,225.65 en concepto de reparación civil. Este acuerdo aún debe ser homologado por un órgano jurisdiccional, tras lo cual se oficializará el compromiso de la empresa de cumplir con el pago estipulado.
Además de la reparación civil, ICCGSA enfrentará sanciones administrativas que incluyen la prohibición de participar en licitaciones públicas para la construcción y mantenimiento de infraestructura vial, convocadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, durante los próximos dos años. Este es un paso significativo en los esfuerzos del estado por limpiar las prácticas en la contratación pública y asegurar la integridad en proyectos futuros.
IMPACTO EN EXEJECUTIVOS Y CASOS INVOLUCRADOS
El acuerdo no solo afecta a la corporación, sino también a varios de sus exejecutivos, quienes han aceptado penas de prisión suspendida de cuatro años, bajo condiciones estrictas de conducta durante un periodo de prueba de dos años. Esta medida refleja una tendencia creciente hacia la responsabilización individual en casos de corrupción corporativa, buscando garantizar la reforma no solo a nivel empresarial, sino también personal.
El alcance del acuerdo abarca investigaciones en casos significativos como el Club de la Construcción, y proyectos específicos como los tramos 2 y 3 de IIRSA Sur, proyectos viales en Arequipa y Cusco, y la ampliación del Hospital de Moquegua, entre otros. Estos casos han sido críticos en la exposición de la corrupción sistemática en el sector de construcción y han precipitado una revisión exhaustiva de cómo las empresas como ICCGSA operan dentro del sector público.
