Pese a críticas de algunos expertos y autoridades, la Mesa Directiva del Congreso envió al Ejecutivo la autógrafa de ley que modifica el decreto legislativo 1100, el cual regula la interdicción de la minería ilegal en todo el territorio y establece medidas complementarias como asignar bienes, maquinarias equipos e insumos decomisados a los gobiernos locales y regionales.
En dicho documento se indica que el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección General de Capitanía y Guardacostas realizarán el decomiso de los bienes, maquinaria, equipos e insumos prohibidos, así como los usados por la minería ilegal, y serán puestos a disposición del Gobierno Nacional.
Por medio del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), asignará en forma temporal en custodia o en forma definitiva dichos elementos decomisados y que solo sean destruidos los materiales que no puedan ser incautados.
PIDEN REFORMULAR LEY
Esta ley fue inicialmente planteada por Eduardo Salhuana de Alianza Para el Progreso, la cual busca modificar el artículo 7 del decreto legislativo 1100 para impedir que se destruya lo incautado en operaciones contra la minería informal.
Cabe destacar que el Ministerio del Interior indicó que la autógrafa de ley debería ser revaluada considerando las advertencias de la Dirección General contra el Crimen Organizado y la Policía Nacional del Perú. El Ministerio de Defensa, por su parte, indicó que debería ser reformulado de acuerdo a las competencias actualmente asignadas al Pronabi. En tanto, el Ministerio de Justicia fue enfático al afirmar que la autógrafa “no era viable”.
Con información de El Comercio
