Los prófugos Bruno Pacheco, el exsecretario de Pedro Castillo en Palacio de Gobierno y Fray Vásquez, sobrino del presidente, han presentado desde la clandestinidad recursos de queja para que la Corte Suprema de Justicia deje sin efecto la detención preliminar –ordenada en marzo- y su posterior prisión preventiva por dos años en el caso Provías - puente Tarata III.
El empresario Luis Pasapera Adrianzén, quien está recluido en el penal de Ancón I por la misma investigación, ha tomado la misma medida.
De acuerdo a investigaciones hechas por La República, Pasapera y Vásquez presentaron la queja el pasado 21 de junio y, al día siguiente, lo hizo Pacheco para que la Sala Penal Permanente revise si procede o no una casación presentada por ellos para eliminar sus órdenes de captura.
Poco después de que la Segunda Sala de Apelaciones de Lima confirmara la prisión preventiva contra los tres implicados, reduciéndola de 36 a 24 meses, también rechazó los recursos de los tres acusados.
PRONUNCIAMIENTO DE LOS ABOGADOS
El medio consultó con la abogada de Pacheco Castillo, Giulliana Quiñones, quien prefirió no responder. Mientras que la defensa del sobrino del mandatario, Luis Vivanco, sostuvo que la queja busca que sea admitida casación en la máxima instancia judicial: “No se ha respetado la doctrina jurisprudencial para rechazar nuestro recurso y se revisen los indicios suficientes para imponer prisión preventiva, la forma en la que debe ser entendida el delito de colusión, la autoría en complicidad, etc.”.
“Esperaremos las evidencias que presentará el señor Zamir Villaverde. Él está ahora en una lógica de ganar popularidad como si fuera a salvar el país de un gobierno. Habrá que esperar qué pruebas muestra, y una vez que la fiscal las admita, podremos contradecirlo e incluso contrainterrogarlo”, agregó.
Por su parte, el abogado de Pasapera, Luis Francia, declaró que “con la queja buscamos que se admita la casación para que la Corte Suprema ordene al tribunal elevar el recurso y se discuta si se puede revocar la prisión preventiva (...) hay varios precedentes de ello. Solo la Suprema es competente para calificar esos recursos, no un tribunal superior”.
“Lo dicho por Villaverde como colaborador esclarece los hechos. Si no hubo intermediación, quiere decir que la buena pro para el Puente Tarata III fue legítima. Lo que sí ha habido es una mafia enquistada en el MTC”, aseguró la defensa legal del empresario.
Dado que los recursos de queja fueron ingresados en junio, lo que sigue es un proceso que podría tardar entre 4 a 6 meses para tener un resultado concreto. Primero, la Sala Penal Permanente evaluará si las quejas cumplen con requisitos formales. De ser admitidos, después de un tiempo se convocará a audiencia para decidir si proceden o no los pedidos para anular las prisiones preventivas.
Con información de La República
