El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pidió al Poder Judicial impedimento de salida del país durante 36 meses contra el exministro de Transportes Juan Silva Villegas, como parte de la investigación por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal.
Además, solicitó el impedimento de salida del país por 9 meses contra los parlamentarios Raúl Doroteo Carbajo, Elvis Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas e Ilich López Ureña.
Como se recuerda, los mencionados congresistas son investigados por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado.
DELITOS
Hace algunas semanas, Sánchez había dispuesto abrir investigación preliminar contra el extitular del MTC por el presunto delito de colusión y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado.
Mientras que el impedimento de salida del país por 9 meses contra los congresistas Raúl Doroteo Carbajo, Elvis Vergara Mendoza, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza Vargas e Ilich López Ureña, por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado.
La decisión se adoptó en el marco del Caso Puente Tarata - Provías Descentralizado, que involucra al exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, además de Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, sobrinos del mandatario Pedro Castillo.
En abril pasado el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción formalizó su investigación por la presunta comisión del delito de colusión agravada en organización criminal.
Esto en relación con el proceso de selección de propuestas para la obra ‘Construcción del Puente Vehicular Tarata sobre el Río Huallaga’, que se otorgó al Consorcio Puente Tarata III, que estaba conformado por la compañía Termirex S.A.C., a la cual Karelim López brindaba supuestos servicios de asesoría.
CABECILLA
La carpeta fiscal, indica que se presume que el presidente de la República, Pedro Castillo, sería el cabecilla de una organización criminal con el propósito de “encontrar proveedores para favorecerlos”.
Eran 13 personas que están siendo investigadas por el Caso Puente Tarata; no obstante, solo siete de ellas tienen orden de prisión preventiva, mientras que a las restantes, incluida Karelim López, se les dictó comparecencia con restricciones.
