De acuerdo a un informe de Contraloría General de la República, la vicepresidenta Dina Boluarte habría cometido una infracción constitucional, pues habría firmado documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo de una asociación privada en Apurímac cuando ejercía como ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
El documento, dado a conocer por Canal N, se remitió al Congreso de la República para su evaluación. Dicho documento fue elaborado durante la labor de fiscalización de la Contraloría en los meses de setiembre y enero.
PRESUNTA INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN
Para la Contraloría, esta acción podría evaluarse como “presunta infracción” del artículo 126 de la Constitución del Perú, donde se señala que: “Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.
De confirmarse la infracción, Boluarte podría someterse a una acusación constitucional en el Congreso que podría llevar a que se le destituya del cargo de ministra, o incluso a la inhabilitación de la función pública, según algunos expertos.
Con información de Gestión.
