José Domingo Pérez, miembro del Equipo Especial Lava Jato, sostuvo que debe ser el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional los encargados de determinar si el caso de Keiko Fujimori debe seguir siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos o adecuarse a la ley de financiamiento ilegal de partidos.
El fiscal conversó con El Comercio e indicó que su despacho va a seguir investigando el caso de los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a Fuerza Popular, por lavado de activos; esto tras rechazar el pedido de Pier Figari, exasesor de Keiko, para adecuarse a la ley de financiamiento ilegal de partidos.
Asimismo, recalcó que es determinante saber si esta ley fue promulgada “con el propósito de generar impunidad para los investigados por entregas de dinero ilícitas para las campañas”, sin embargo, enfatizó: “Sigo creyendo que es delito de lavado de activos”.
“Si un juez o el Poder Judicial, en sus diversas instancias, considera que no es delito (los aportes ilícitos) que de una vez se deje de engañarnos o engañar a la población, porque sería una manifestación más de cómo la clase política ha utilizado las herramientas que tiene para favorecerse y buscar que las causas sean archivadas”, aseveró el fiscal.
