El Tribunal Constitucional escuchó este miércoles los alegatos en torno al recurso presentado por la defensa de Keiko Fujimori, con el cual busca anular el proceso seguido por presunto lavado de activos en el llamado caso cócteles. Durante la sesión, el fiscal José Domingo Pérez rechazó los planteamientos de la abogada Giulliana Loza y aseguró que la imputación fiscal se centra en actos de conversión de dinero ilícito, considerados en la legislación peruana como la primera etapa del blanqueo de capitales.
Señalamientos sobre aportes y rutas del dinero
De acuerdo con el representante del Ministerio Público, la lideresa de Fuerza Popular habría recibido aportes no declarados que alcanzaron montos significativos: un millón de dólares de Odebrecht, más de tres millones y medio de Dionisio Romero y más de tres millones cuatrocientos mil de Sudamericana de Fibras. Pérez subrayó que estos fondos nunca ingresaron formalmente a las cuentas partidarias ni al sistema bancario, sino que circularon de manera paralela utilizando métodos como operaciones en efectivo, uso de cambistas, depósitos en terceros y fraccionamiento de montos para evitar reportes financieros.
En respaldo a su tesis, el fiscal recordó que la doctrina jurídica reconoce los actos de conversión como la forma inicial de darle movimiento a recursos de origen ilegal. Añadió que organismos especializados en la prevención del lavado, como GAFILAT, advierten que los partidos políticos pueden convertirse en vehículos para ocultar aportes de origen indebido. Bajo esa lógica, señaló que no se trató de simples donaciones, sino de maniobras para encubrir el verdadero origen de los fondos.
El debate también reflejó tensiones entre el Ministerio Público y el máximo intérprete de la Constitución. Pérez lamentó que las restricciones impuestas por el Tribunal limiten su capacidad de precisar acusaciones durante la etapa formal del juicio, afirmando que “nos han cortado las manos”. Mientras tanto, la defensa de Fujimori insiste en que se han vulnerado derechos fundamentales y que el caso carece de sustento legal. La decisión del TC será determinante para el futuro del proceso y para el escenario político, dado el peso simbólico del caso en la lucha contra la corrupción electoral.
