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Hace 4 horas

Fiscal Domingo Pérez sustenta posición ante el Tribunal Constitucional en proceso de Keiko Fujimori

El magistrado expondrá los argumentos del Ministerio Público frente al recurso con el que la lideresa de Fuerza Popular busca archivar el proceso por aportes de campaña.

Fiscal Domingo Pérez sustenta posición ante el Tribunal Constitucional en proceso de Keiko Fujimori

El magistrado expondrá los argumentos del Ministerio Público frente al recurso con el que la lideresa de Fuerza Popular busca archivar el proceso por aportes de campaña.




El Tribunal Constitucional (TC) programó para la mañana de este miércoles 27 de agosto la intervención del fiscal José Domingo Pérez Gómez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, en la audiencia pública que evalúa el habeas corpus interpuesto por Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular busca que se anule el proceso penal seguido en su contra por los presuntos aportes irregulares a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

Ministerio Público se suma al debate

La participación del fiscal fue dispuesta luego de que el TC resolviera incorporar al Ministerio Público como parte en este procedimiento, de manera que pueda ejercer su defensa frente al recurso presentado por la excandidata presidencial. En la diligencia, Pérez Gómez expondrá los argumentos fiscales sobre la acusación conocida como el caso “Cócteles”.

La defensa de Fujimori sostiene que las conductas atribuidas no eran sancionadas como lavado de activos al momento de los hechos, y que recién en noviembre de 2016 se incluyeron en la legislación peruana. En base a ello, alegan que la excandidata fue sometida a investigaciones, prisión preventiva y un proceso que consideran vulneratorio de sus derechos.

Cabe precisar que este habeas corpus fue rechazado en instancias judiciales previas antes de llegar al TC en julio de 2024. En paralelo, el fiscal Pérez presentó recientemente una acusación en la que solicita 35 años de prisión para la lideresa de Fuerza Popular por lavado de activos, organización criminal y falsedad en agravio del Estado. El máximo intérprete de la Constitución deberá pronunciarse de manera definitiva tras escuchar a todas las partes involucradas.


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