En un pronunciamiento oficial, la Defensoría del Pueblo pidió al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) reflexionar sobre la anulación de la clasificación inicial del expresidente Martín Vizcarra, que lo ubicó en el penal de Barbadillo.
Señaló que esta medida puede vulnerar las garantías de seguridad e igualdad en el trato a los expresidentes, y recordó que la reclusión de exmandatarios en el centro carcelario de Ate se sustentó en “razones objetivas y justificadas de seguridad”.
UN CRITERIO UNIFORME
Precisó además que la prisión preventiva dictada contra el expresidente Vizcarra Cornejo, requiere mantener un criterio uniforme frente a casos similares e invocó al INPE a aplicar sus disposiciones siempre de manera objetiva y sin distinciones.
“Rechazamos cualquier medida que implique un trato desigual que pueda afectar su integridad o seguridad. La Defensoría del Pueblo reafirma que el respeto a la igualdad ante la ley es un pilar de nuestro orden constitucional”, señaló.
