El Poder Judicial desestimó el recurso de apelación presentado por el exministro Juan Silva Villegas contra la resolución que declaró improcedente su pedido de cese de prisión preventiva por el caso Puente Tarata.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la decisión de primera instancia, manteniendo vigente la medida restrictiva de 36 meses. Silva Villegas enfrenta procesos por presuntos delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado.
En su resolución, el tribunal remarcó la "ausencia de una pretensión impugnatoria concreta" y la "falta de aptitud de los elementos de convicción" presentados. Subrayó que la defensa no expuso "argumentos novedosos" para debilitar los "graves y fundados elementos" que sostienen la medida, añadiendo que persiste el peligro de fuga y la prognosis de pena por los delitos imputados.
Solicitud de defensa y situación actual
El equipo legal de Silva había solicitado reemplazar la prisión preventiva por comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país. Alegaba elementos probatorios que "disminuirían su responsabilidad penal".
Antecedentes del caso y cargos
El exministro del gobierno de Pedro Castillo (2021-2022) permanece en la clandestinidad desde 2022, tras dictarse en marzo de 2023 la orden de captura nacional e internacional mediante Interpol.
Silva Villegas es procesado por su presunta intervención en actos de corrupción durante la licitación de la obra Puente Tarata en San Martín, así como otras obras del sector que habrían beneficiado a empresas chinas. Los cargos incluyen organización criminal, colusión y tráfico de influencias, sustentados en investigaciones sobre desvío de fondos públicos.
