El Poder Judicial ha rechazado un nuevo pedido del exgobernador de Junín y prófugo líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, para que se archive el delito de cohecho pasivo propio dentro de la investigación que le sigue la Fiscalía en el caso 'Antalsis'.
Cerrón intentaba utilizar la Ley Soto, una norma que reduce el plazo de prescripción de los delitos, como fundamento legal para su solicitud.
INTENTO DE ACOGERSE A LA LEY SOTO
La defensa de Cerrón, actualmente prófugo, presentó el recurso argumentando que el plazo para procesarlo por cohecho pasivo ya había expirado, según el Código Penal. La estrategia se basó en la Ley Soto, la cual fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en noviembre de 2023.
Sin embargo, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundado el pedido de Cerrón y resolvió que el plazo de un año de suspensión de prescripción que estipula dicha ley no resulta aplicable en casos de criminalidad compleja, como es el caso de ‘Antalsis’.
“El pedido de amparo en la Ley Soto para este caso es improcedente, dado que los delitos investigados no pueden verse afectados por dicha norma”, argumentó el tribunal en su fallo.
UNA ESTRATEGIA RECURRENTE Y RECHAZADA
Este no es el primer intento de Cerrón por archivar cargos relacionados con el caso 'Antalsis'. El pasado 18 de septiembre, el mismo juzgado rechazó una solicitud similar en la que buscaba que se declare prescrito el delito de asociación ilícita en su contra. Con esta segunda negativa, la justicia peruana continúa sosteniendo la validez de los cargos contra Cerrón.
ACUSACIONES DE COLUSIÓN AGRAVADA
La Fiscalía sostiene una tesis acusatoria en la que Cerrón figura como uno de los principales implicados en la presunta organización criminal de Martín Belaúnde Lossio, que habría desfalcado al Estado peruano por más de 26 millones de soles a través de proyectos de infraestructura en Junín.
Entre estas obras se encuentran los puentes "Comuneros" y "Eternidad", proyectos que la Fiscalía considera fraudulentos debido a su adjudicación y ejecución bajo irregularidades administrativas.
