El Poder Judicial rechazó el pedido de revisión de prisión preventiva presentado por el expresidente Pedro Castillo, quien enfrenta una acusación fiscal de 34 años de prisión por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública debido a su fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Este fallo fue emitido por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que declaró infundada la solicitud y ratificó la medida vigente contra el exmandatario.
Castillo continuará cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo, ubicado en Ate, Lima. En julio, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema amplió su medida de prisión preventiva por 18 meses en el marco del proceso por el intento de golpe de Estado.
A esta medida se suma una prisión preventiva de 36 meses, impuesta en marzo de 2023, en relación con otra investigación que involucra a los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, por presuntos delitos de organización criminal y otros en los casos Petroperú-Puente Tarata-Ministerio de Vivienda.
OTROS ACUSADOS
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, solicitó 34 años de prisión contra Castillo y 25 años para su exjefa de gabinete Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. Además, pidió penas para oficiales de la Policía Nacional involucrados como coautores en el presunto delito de rebelión.
Entre los acusados también figura Aníbal Torres, exasesor y exjefe del Gabinete Ministerial, para quien la fiscalía solicitó 15 años de prisión como presunto coautor de rebelión. El proceso avanza en medio de una creciente expectativa por el desenlace judicial de uno de los episodios políticos más controvertidos de la historia reciente del país.
