El Poder Judicial declaró fundada la solicitud de la Procuraduría General del Estado para constituirse como actor civil en el proceso judicial que se sigue contra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Cultura, Patricia Balbuena.
La decisión del juez supremo, Juan Carlos Checkley Soria, se debe a las acusaciones de tráfico de influencias, peculado y otros delitos que habrían causado perjuicio al Estado peruano.
Además, el PJ ordenó reconocer la participación de la Procuradora General del Estado, María Aurora Caruajulca Quispe, en este proceso.
REPARACIÓN CIVIL
Durante la audiencia, la Procuraduría General del Estado solicitó una reparación civil total de 575 mil soles, argumentando que los actos ilícitos de Vizcarra y Balbuena contravenían los principios de la función pública y causaban un daño significativo a la integridad y los recursos del Estado.
