La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo del Ministerio del Interior no podrá acceder al pago de una eventual reparación civil a favor del Estado en el caso de Rocío Leandro Melgar, conocida como ‘Camarada Cusi’, y otras siete personas acusadas de pertenecer a una organización terrorista.
El juez Leodan Cristóbal Ayala rechazó la solicitud de la Procuraduría para constituirse como "parte agraviada" en la investigación, al considerar que la propuesta de reparación civil presentada carece de fundamento objetivo.
En esa línea, precisó que la Procuraduría postuló un monto de 500 mil soles por los hechos ilícitos en la ciudad de Huamanga-Ayacucho desde agosto de 2022 hasta enero de 2023. Sin embargo, utilizó como datos genéricos sobre la lucha contra el terrorismo a nivel nacional, sin evidencia específica sobre el lugar y el periodo de los supuestos delitos.
El juez Ayala argumentó que la Procuraduría solo ofreció un monto de manera arbitraria, sin justificación adecuada ni conexión con el caso en cuestión. Además, señaló que los datos presentados no reflejan la inversión del Estado en la región de Ayacucho durante el año 2022, periodo en el que se supone ocurrieron los delitos atribuidos a los acusados.
INVESTIGACIÓN
Actualmente, la Fiscalía investiga a Rocío Leandro Melgar y a los otros acusados, quienes se encuentran en prisión preventiva por 18 meses, tras su detención el pasado 12 de enero del 2023, por presuntamente promover protestas violentas en Ayacucho.
