Un fuerte enfrentamiento social se vive en San Martín de Porres, donde vecinos del sector Condevilla han tomado medidas extremas para impedir el desalojo del centro de salud que los atiende desde hace 49 años. Con cadenas, bancas y hasta un balón de gas, los pobladores buscan frenar la acción que se ejecutaría por disposición judicial en medio de una disputa legal entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.
La comunidad asegura que el establecimiento atiende a más de 22 mil usuarios, en su mayoría adultos mayores, madres de familia y pacientes con enfermedades como la tuberculosis y la desnutrición. Según denunciaron, el cierre obligaría a trasladar a los pacientes al centro de Amaquilla, que ya recibe a más de 54 mil personas, lo que generaría un colapso en la atención y mayores gastos de traslado para los usuarios.
Conflicto de propiedad y ausencia de diálogo
El problema radica en la titularidad del terreno, que según los vecinos figura a nombre de la Municipalidad de San Martín de Porres. Sin embargo, la sentencia judicial notificada el pasado 21 de agosto reconoce derechos al Ministerio de Educación, lo que habilitó el inicio del lanzamiento. Los residentes, en tanto, cuestionan que la notificación haya sido dirigida a un tercero y aseguran contar con documentos que respaldan su posición.
Mientras tanto, la población ha iniciado una vigilia permanente dentro y fuera del centro de salud, alegando que no se retirarán voluntariamente. “Solo muertos nos van a sacar de acá”, expresaron varios vecinos durante la transmisión en vivo de los hechos. La llegada de camionetas policiales a la zona anticipa un inminente desalojo, aunque las familias insisten en que no se ha mostrado aún el documento oficial que ordene la acción.
