La ola de criminalidad que golpea al país ha llevado a un número creciente de ciudadanos a iniciar el trámite para obtener una licencia de armas de fuego con fines de defensa personal. Sin embargo, lejos de encontrar una respuesta rápida del Estado, se han topado con un sistema lento y desconcertante. Según reveló un informe de Panorama, los retrasos en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) superan ampliamente los plazos establecidos por ley, dejando a cientos de personas expuestas ante extorsionadores y delincuentes.
El caso de un empresario que inició su trámite hace dos años sin obtener resultados es apenas uno de los muchos que muestra la magnitud del problema. Como él, numerosos emprendedores —varios de ellos víctimas de robos y amenazas— han buscado protegerse de manera legal, pero la burocracia les ha jugado en contra. Aunque la normativa exige resolver estos procedimientos en un máximo de 21 días hábiles, algunos expedientes llevan más de 700 días sin respuesta, lo que ha provocado que se forme una suerte de “rebeldía silenciosa” entre quienes sienten que el Estado no les da otra opción que defenderse solos.
Esta situación crítica también afecta gravemente al sector de seguridad privada. Empresas dedicadas al resguardo de bienes y personas denuncian que la demora en la entrega de licencias paraliza operaciones completas, pues sus agentes no pueden trabajar sin la autorización correspondiente. Un representante del sector informó que más de cien resguardos se encuentran hoy imposibilitados de ejercer su labor, lo que compromete la protección de instalaciones estratégicas y el traslado seguro de grandes sumas de dinero.
CONTRALORÍA ABRE INVESTIGACIÓN
Ante este escenario, la Contraloría General de la República ha puesto la mira sobre la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y abrió una investigación para determinar las causas de la prolongada paralización administrativa. Mientras tanto, los ciudadanos continúan esperando una solución concreta del Estado, que enfrenta el desafío de equilibrar su rol fiscalizador con la urgente necesidad de brindar seguridad a una población cada vez más vulnerable frente al avance de la criminalidad.
