La reciente extinción del Proyecto Especial Legado ha causado gran preocupación en el ámbito deportivo. En solo diez años, esta organización logró mantener una infraestructura de primer nivel, superando lo que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) no consiguió en cuatro décadas. Su disolución no solo implica la transferencia de las instalaciones al IPD, sino también la gestión de un contrato millonario de 135 millones de soles anuales para su mantenimiento. La medida ha generado diversas reacciones, cuestionando la capacidad del IPD para gestionar de manera eficiente los recursos y espacios que dejó Legado.
El Consejo de Ministros aprobó un decreto supremo que formaliza la desaparición de esta organización, un proyecto que promovió el desarrollo de deportes menos populares y brindó un espacio adecuado para los atletas nacionales. Sin embargo, las voces de protesta no se han hecho esperar, ya que sectores como autoridades locales, parlamentarios y periodistas como Franco Lostaunau han expresado sus dudas sobre la capacidad del IPD, una institución marcada por cambios constantes en su dirección. El temor radica en que la infraestructura pueda caer en el olvido o sufrir un manejo deficiente.
La extinción de Legado también afecta a los más vulnerables: los niños y jóvenes de escasos recursos que se beneficiaban de los programas y talleres deportivos gratuitos. Estos espacios se habían convertido en una herramienta importante para su desarrollo, y muchos temen que, con el cambio de gestión, el acceso a las instalaciones de calidad y los beneficios de los talleres disminuyan o incluso desaparezcan. La falta de planificación adecuada en la transición ha sido un punto de crítica por parte de diversos sectores.
IPD Y EL FUTURO DE LAS SEDES
El futuro del deporte peruano ahora dependerá de la capacidad del IPD para asegurar la continuidad de los proyectos exitosos impulsados por el Proyecto Especial Legado y mantener la calidad de las infraestructuras. Mientras tanto, el Congreso ha convocado al premier Gustavo Adrianzén, el ministro de Educación y el presidente del IPD para que expliquen los motivos detrás de esta decisión, y la comunidad deportiva espera claridad sobre cómo se garantizará el acceso y el buen uso de las instalaciones para todos los peruanos.
