Con la mirada puesta en la reactivación económica y el impulso del turismo interno, el Ejecutivo dispuso que el 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026 sean considerados días no laborables a nivel nacional, sumándose a los feriados tradicionales para crear fines de semana largos.
La medida fue oficializada el pasado 2 de abril mediante un Decreto Supremo suscrito por la entonces presidenta Dina Boluarte y el jefe del Gabinete Ministerial Gustavo Adrianzén, entre otros ministros. Según el documento, la decisión busca incentivar los viajes de cercanías y dinamizar la actividad turística durante Navidad y Año Nuevo.
¿A QUIÉNES SE APLICA ESTE BENEFICIO?
De acuerdo con la norma, los días no laborables del 26 de diciembre y 2 de enero están dirigidos exclusivamente a los trabajadores del sector público, en todas las entidades del Estado a nivel nacional. No obstante, los titulares de cada institución deberán adoptar medidas para garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales durante dichas fechas.
El decreto también precisa que estos días están sujetos a compensación, por lo que las horas no trabajadas deberán recuperarse. Esta compensación se realizará dentro de los diez días posteriores o en la fecha que determine cada entidad, según sus necesidades operativas.
¿QUÉ OCURRE CON EL SECTOR PRIVADO?
En el caso de los trabajadores del sector privado, la aplicación de estos días no laborables no es automática. El decreto establece que los centros de trabajo privados pueden acogerse al beneficio previo acuerdo entre el empleador y los trabajadores, quienes deberán definir cómo se recuperarán las horas dejadas de laborar; de no existir acuerdo, la decisión queda en manos del empleador.
Asimismo, la norma detalla que diversas actividades estratégicas —como salud, limpieza pública, electricidad, agua, gas, transporte, aeropuertos, puertos, hoteles, restaurantes, seguridad, sistema financiero y expendio de alimentos— están facultadas para excluir determinados puestos de trabajo de los días no laborables, a fin de asegurar la provisión continua de servicios a la comunidad.
