El anuncio del alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, sobre la posibilidad de cerrar Machu Picchu por uno o dos meses a partir de enero de 2026 generó una ola de críticas y preocupación nacional. La propuesta, que buscaba “ordenar el turismo” en la ciudadela inca, fue calificada por expertos como una medida ilegal, improvisada y de graves consecuencias económicas. Diversos sectores advirtieron que un cierre afectaría no solo al Cusco, sino a toda la economía peruana.
LEGALMENTE INVIABLE Y RIESGOS PENALES
De acuerdo con el abogado André Sota, profesor de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la competencia para decidir sobre el cierre de Machu Picchu recae exclusivamente en el Ministerio de Cultura, y no en autoridades locales. “Bajo ningún motivo, un alcalde puede disponer el cierre del santuario, ya que la ley 28296 lo define como patrimonio cultural nacional. Hacerlo sería una usurpación de funciones”, señaló a Infobae.
El especialista advirtió que cualquier disposición unilateral vulnera la normativa vigente y podría acarrear sanciones legales para el funcionario. A su vez, autoridades nacionales recordaron que Machu Picchu requiere coordinación entre el gobierno central, el Ministerio de Cultura y los municipios regionales, pero nunca decisiones individuales. La polémica, sin embargo, volvió a poner en evidencia los vacíos de gestión y la fragilidad institucional en torno a la administración del principal destino turístico del país.
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
La economista Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la UPC, alertó que cerrar Machu Picchu, incluso temporalmente, generaría pérdidas superiores a los USD 150 millones mensuales. Según cifras del MINCETUR, el Cusco representa el 63% de las exportaciones de servicios turísticos del Perú, y el 78% de los visitantes al santuario son extranjeros, con un gasto promedio de entre USD 1.000 y USD 1.500 por persona, dijo a Infobae.
Sícoli explicó que una paralización afectaría a hoteles, restaurantes, artesanos, transportistas y operadores turísticos, provocando un impacto en cadena en toda la región. Además, recordó que el flujo turístico aún no se recupera del todo tras la pandemia de 2020, por lo que una nueva interrupción retrasaría la recuperación económica por varios años. “Para ordenar el turismo no es necesario cerrar Machu Picchu, sino mejorar la planificación, el control de aforos y la coordinación interinstitucional”, remarcó.
REFORMAS URGENTES
La controversia evidenció la urgencia de reformar el sistema de gestión del santuario, implementando un modelo integrado que controle de manera eficiente la venta de tickets, transporte y aforo turístico. Especialistas insisten en que el Estado debe fortalecer las políticas del Plan Estratégico Regional de Turismo (PERTUR Cusco 2019-2025), fomentar la inversión privada y diversificar la oferta hacia experiencias sostenibles.
El presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, Fernando Santoyo, añadió que el anuncio del alcalde revela falta de planificación y desconocimiento de procesos clave como la licitación de la carretera Hiram Bingham. Para los empresarios, más que cerrar el sitio, se debe garantizar su preservación con gestión moderna, responsable y coordinada, pues Machu Picchu no solo es patrimonio del Cusco, sino símbolo de todo el Perú.
