Un reciente estudio de Apoyo Consultoría confirma que la delincuencia ha comenzado a moldear el día a día de los trabajadores peruanos. Al 2025, más de una cuarta parte de quienes tienen empleo dejó de portar efectivo para reducir el riesgo de robos, mientras que un 42% prefiere no salir en horario nocturno. El temor se ha convertido en un detonante de la adopción de pagos digitales, tendencia fortalecida por su creciente aceptación en comercios formales e informales.
Efectos en la economía y en el trabajo
El economista laboral Fernando Cuadros advierte que la inseguridad no solo recorta el consumo, sino que incrementa la vulnerabilidad económica de los hogares si no se acompaña con mejoras salariales. El recorte de salidas y la disminución de la actividad nocturna impactan directamente en sectores como el entretenimiento y la gastronomía, reduciendo ingresos y contrataciones. A ello se suma un mayor ausentismo y el retraso en llegadas por miedo a transitar en ciertos horarios, lo que ha impulsado la demanda por el teletrabajo, aunque aún con barreras culturales y administrativas, sobre todo en el sector público.
Además, el incremento en el uso de taxis por aplicativo y transporte privado ha elevado los costos de movilidad, obligando en algunos casos a que las empresas asuman subsidios o reembolsos. Según Sebastián Ausin, de Buk Perú, la seguridad física y el bienestar emocional deben considerarse requisitos básicos para un desempeño laboral óptimo, ya que el estrés y la ansiedad merman la concentración y la productividad.
Para Cuadros, el trasfondo del problema está en la falta de empleo formal. Jornadas extendidas en sectores como la vigilancia o la agroexportación obligan a los trabajadores a regresar tarde a casa, aumentando su exposición a situaciones de riesgo. La escasez de plazas formales, unida al incremento de personas —en su mayoría jóvenes— que no trabajan ni buscan empleo, favorece un escenario en el que algunos terminan en actividades delictivas, retroalimentando la inseguridad. El especialista señala que cualquier estrategia de seguridad debe ir de la mano con políticas que amplíen la oferta de empleo asalariado y formal.
