Una sentencia reciente del Tribunal Constitucional (TC) ha generado un fuerte llamado de atención a Telefónica del Perú (Movistar), al multarla con S/21.400 por no revelar quién estaba detrás de insistentes llamadas spam a un usuario. La decisión se dio tras una demanda de habeas data interpuesta por un ciudadano de Tacna, quien sostenía que la misma empresa lo hostigaba para evitar que migre a otra operadora.
ACOSO POR PARTE DE TELEFÓNICA
El caso se remonta a mayo de 2021, cuando el ciudadano F. R. A. S. solicitó a Telefónica que identificara a los responsables de varios números que lo llamaban constantemente. Alegó que estas llamadas tenían como fin disuadirlo de cambiar de proveedor de telefonía. Al no obtener respuesta, llevó su pedido ante el Poder Judicial, pero fue rechazado en primera instancia. Sin embargo, el TC determinó que su derecho a la autodeterminación informativa había sido vulnerado.
La sentencia establece que Telefónica no solo incumplió con entregar la información solicitada, sino que tampoco desmintió que las líneas pertenecieran a ella o a terceros contratados para vender servicios. Esta omisión fue clave para que el TC resolviera que existe responsabilidad en el tratamiento indebido de datos personales y en prácticas comerciales potencialmente agresivas.
TC RECONOCE VIOLACIÓN DE DERECHOS
El TC concluyó que el ciudadano no podía ejercer su derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales porque desconocía quién lo contactaba. Por ello, ordenó a Telefónica que, en un plazo de 15 días calendario, entregue los nombres de los titulares de los números desde los cuales se originaron las llamadas. Además, impuso una sanción de 40 Unidades de Referencia Procesal (URP), equivalente a S/21.400.
El caso ha abierto un precedente clave en la protección de los derechos del consumidor frente al uso indebido de datos y las estrategias de marketing invasivas por parte de grandes operadores. La falta de transparencia y respuesta oportuna por parte de Telefónica fue determinante para la decisión del máximo intérprete de la Constitución.
