El Juzgado Mixto de Bellavista, en San Martín, declaró fundada el pasado 13 de diciembre la demanda de amparo presentada en 2020 por la comunidad kichwa de Puerto Franco y su federación, CEPKA. La sentencia reconoce los derechos territoriales de la comunidad, vulnerados por la creación del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y la concesión de áreas forestales sin consulta previa.
La demanda fue interpuesta contra varias instituciones del Estado peruano, como el Ministerio del Ambiente (Minam), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
La sentencia ordena la titulación del territorio ancestral kichwa y la nulidad de las concesiones forestales en el área. También obliga a realizar la consulta previa sobre el PNCAZ y su Plan Maestro, garantizar el acceso a los recursos naturales y reconocer la participación de la comunidad en la gestión del parque, que incluye beneficios económicos.
SENTENCIA HISTÓRICA
Es la primera vez que se ordena que una comunidad indígena participe en los beneficios económicos generados por la conservación de su territorio, que hasta ahora se han administrado sin su consentimiento. La venta de créditos de carbono en el PNCAZ ha involucrado inversiones millonarias, pero la comunidad kichwa no ha recibido ningún beneficio.
Con información de IDL/infobae
