La minera mexicana Southern Copper, que opera la mina Cuajone en Moquegua, emitió una carta a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señalando que podría cerrar sus operaciones, debido a que la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala han cortado el acceso al agua como parte de sus protestas.
El comunicado enviado al Gobierno, solicita al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que promueva “una pronta solución política” a este conflicto. “Deseamos evitar declarar el cierre temporal de la mina, porque ello será perjudicial para miles de familias y para la economía local, regional y del país”, se lee.
La empresa indicó que viene instrumentando acciones para mitigar “los graves efectos de las acciones violentas del grupo de manifestantes en contra de los residentes de Cuajone”.
LOS HECHOS
Desde el pasado 28 de febrero, personas de dicha comunidad campesina tomaron el reservorio de agua de Viña Blanca, lo que dejó sin acceso a este servicio a la mina. Los manifestantes también han bloqueado y vandalizado la línea férrea de la empresa.
Ante esto, Southern Copper considera necesario e indispensable confirmar el desarrollo de la mesa de diálogo anunciada para este jueves 31 de marzo, en las instalaciones del Gobierno Regional de Moquegua.
“El acceso al agua es condiciones humanitarias es un derecho humano reconocido por la Constitución del Perú. Algunos pobladores de la comunidad vienen conculcando violentamente dicho derecho humano a las más de 5.000 personas que viven en el Campamento de Cuajone [...] Nuestros trabajadores y sus familias, asentados en Cuajone, [...] desde hace más de 30 días carecen del servicio esencial del agua y el Hospital de Cuajone (nivel III) ha tenido que evacuar pacientes ante la crítica situación”, indicó la minera.
También informó que las clases presenciales y semipresenciales de 600 niños han tenido que suspenderse debido a que las instituciones educativas Santa Rosa de Lima, Daniel Alcides Carrión y Juan Vélez de Córdova no pueden aplicar los protocolos de seguridad ante el COVID-19 por falta de agua.
EFECTOS ECONÓMICOS
Sobre los efectos económicos de esta situación, Southern Copper destacó que el perjuicio se estima en 5 millones de dólares por día de exportaciones y en S/8.5 millones diarios por concepto de impuestos y regalías. “La agresión violenta en contra de nuestra operación hace peligrar el cumplimiento de nuestros compromisos con las comunidades vecinas, con proveedores (muchos de ellos empresas locales), socios estratégicos, accionistas y nuestros más de 1.500 trabajadores y 1.128 contratistas”.
La minera había señalado que los comuneros exigen un pago de US$5 mil millones como indemnización por terrenos supuestamente usurpados hace 50 años. “Southern Perú rechaza tajantemente haber usurpado terrenos de la comunidad como alegan sus representantes. Desde 1951, la compañía tiene derechos superficiales vigentes que son parte de sus concesiones mineras, así como derechos de servidumbre respecto de su infraestructura. Todos estos derechos han sido otorgados y autorizados muchos años atrás por el Estado Peruano”, indicó en ese momento.
