Hace un año, el 27 de octubre del 2020, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, Concytec, emitió un pronunciamiento alertando a las autoridades gubernamentales, la comunidad académica, las instituciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, sobre el propósito de un grupo de traficantes de tierras de ocupar ilegalmente una parte de los sitios arqueológicos de Caral y de amenazar la vida de la Dra. Ruth Shady, directora de ese proyecto arqueológico, y de los profesionales que trabajan con ella.
La semana pasada, la Dra. Shady y la Sra. Gisela Ortiz, ministra de Cultura, manifestaron que las amenazas al sitio arqueológico y a los científicos que trabajan en él, continúan produciéndose, por lo que el Concytec expresó su más enérgica protesta y reiteró su llamado a una investigación exhaustiva sobre los hechos y sus responsables.
La preservación y puesta en valor del patrimonio histórico del país es una responsabilidad mayor de la ciudadanía y de sus instituciones, especialmente de aquellas formalmente encargadas del seguro desempeño de las actividades científicas que el país ha confiado a sus arqueólogos para la exploración, descubrimiento e interpretación de los caracteres culturales de los periodos fundacionales de la civilización andina.