El ministerio de Cultura anunció que la Corte Suprema confirmó que la propiedad de la ciudadela inca de Machu Picchu le pertenece al Estado Peruano y no a una familia que aseguraba ser titular de los terrenos en los que se encuentra el parque arqueológico.
La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema declaró como infundado el pedido de la familia Zavaleta Zavaleta que pretendía que se le reconozca como propietaria de parte de las 35 mil hectáreas sobre la que se ubica la mayor atracción del Perú. Según sus reclamos, el Estado le había expropiado sus terrenos de manera ilegal y sin ninguna retribución económica.
A esta familia no le bastaba con pretender la propiedad de los terrenos donde se encuentra la red de caminos que rodea las ruinas, también exigía una indemnización de 150 millones de soles por los ingresos generados por el turismo en la zona durante el tiempo del litigio.
Los Zavaleta Zavaleta presentaron la demanda en el año 2005, dándose así el inicio a un pleito legal que se extendió por 14 años, hasta llegar a la última instancia del sistema jurídico nacional.
Con esta sentencia de la máxima instancia judicial del Perú, esta controversia que había generado preocupación en la región andina de Cusco queda definitivamente zanjada.
NO ERAN LOS ÚNICOS
No solo los Zavaleta exigían la propiedad del parque arqueológico, Roxana y Victoria Abril también se consideraban propietarias herederas de las ruinas y desde el 2003 reclamaban una compensación de US$ 100 millones.
