La ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 60 días calendario fue oficializada por el Poder Ejecutivo. La medida entrará en vigencia desde el 28 de junio de 2026 y tiene como principal objetivo reforzar las acciones contra la delincuencia en ambas jurisdicciones.
Según la disposición, la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará a cargo del control del orden interno, con el respaldo operativo de las Fuerzas Armadas. La intervención de las fuerzas del orden se definirá en función de análisis de inteligencia, estadísticas y mapas del delito elaborados por la institución policial.
La decisión responde a un pedido de la Comandancia General de la PNP, sustentado en reportes que advierten el incremento de delitos como homicidios, sicariato y extorsión, los cuales vienen afectando la seguridad ciudadana en la capital y el primer puerto.
RESTRICCIONES DE DERECHO
Por otro lado, durante la vigencia de la medida se aplicará la suspensión o restricción de derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad personal, conforme a lo establecido en el decreto.
Asimismo, las actividades públicas de carácter masivo, sean religiosas, culturales o deportivas, deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes, mientras que las reuniones no masivas podrán desarrollarse sin necesidad de permisos especiales.
