El Gobierno volvió a generar controversia tras los hechos de violencia registrados en Pataz, La Libertad, donde un enfrentamiento entre mineros ilegales dejó tres personas fallecidas el último 31 de diciembre. El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez, descartó cualquier responsabilidad directa del Ejecutivo y atribuyó el control de la minería ilegal a los gobiernos regionales.
En entrevista con RPP, el primer ministro afirmó que el enfrentamiento se produjo entre bandas armadas dedicadas a la minería ilegal que disputaban la extracción de oro dentro de un socavón. Según sostuvo, estas actividades no han sido controladas por los gobiernos regionales, pese a contar con facultades y presupuesto.
“No es necesariamente obligación del Estado el control de la pequeña minería, la minería artesanal y mucho menos la minería ilegal”, declaró. Cuestionó además que se responsabilice al actual Gobierno, que —según precisó— tiene apenas dos meses de gestión, por un problema estructural que se arrastra desde hace años.
En ese sentido, señaló que los gobiernos regionales implicados no pueden deslindar responsabilidades y aseguró que, tras los hechos, el Ejército asumió el control de la zona para restablecer el orden.
GOBIERNOS REGIONALES RECHAZAN VERSIÓN DEL EJECUTIVO
Las declaraciones del jefe de la PCM fueron duramente cuestionadas por Koki Noriega Brito, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y gobernador regional de Áncash, quien lamentó el deslinde del Ejecutivo y exigió una estrategia distinta para enfrentar la minería ilegal.
Noriega precisó que los recursos generados por la minería van directamente al Tesoro Público y no llegan de manera directa a los gobiernos regionales, por lo que consideró un error afirmar que las regiones “usufructúan” estas actividades.
El titular de la ANGR sostuvo que los gobiernos regionales no cuentan con autonomía real ni capacidad sancionadora, ya que entidades como el OEFA y la Autoridad Nacional del Agua dependen del Gobierno central.
Finalmente, pidió dejar de lado la confrontación política y reclamó control territorial efectivo en Pataz, con presencia permanente de las Fuerzas Armadas y la Policía, al señalar que los estados de emergencia vigentes desde hace dos años no han logrado frenar la violencia ni la minería ilegal.
