El Poder Judicial declaró infundado el pedido de la defensa de ocho exmiembros del Ejército peruano procesados por delitos de tortura, abuso sexual y abuso de autoridad cometidos en 1990 en las provincias de Antabamba (Apurímac) y Chumbivilcas (Cusco). Los magistrados dispusieron la inaplicación de la Ley de Amnistía, promulgada por el gobierno de Dina Boluarte, al considerar que esta es inconstitucional y contraria a disposiciones internacionales.
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, mediante el mecanismo del control difuso, resolvió que los casos de Jaime Manuel Pando Navarrete, alias Capitán Pantera; Alan Olivari Medina, Teniente Negro; Mario Cruz Porcela; José Santiago Pérez Quispe; Felipe Montañez Ccama; Beltrán Tapia Carrasco; Alberto Alviz Medina; y Federico Cahuascanco Pucho, deben ser esclarecidos en un proceso regular que garantice justicia para las 15 víctimas campesinas.
La defensa de los exmilitares anunció que apelará la decisión, buscando que una instancia superior revierta el fallo que los mantiene procesados por crímenes cometidos durante la lucha contrasubversiva entre 1980 y 2000. Como se recuerda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había ordenado al Estado peruano abstenerse de aplicar la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso y respaldada por el gobierno de Dina Boluarte.
ROSPIGLIOSI CRITICA DECISIÓN DE JUECES
Tras la resolución, el primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), calificó de “prevaricadores” a los magistrados que desestimaron la aplicación de la norma y aseguró que “están a favor de los terroristas y delincuentes”. El parlamentario, quien impulsó la ley desde la Comisión de Constitución, sostuvo que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) debe intervenir y planteó la necesidad de una reforma integral del sistema judicial.
