Una investigación periodística ha destapado un preocupante caso de lotización ilegal en un terreno de 95 hectáreas perteneciente a una base militar del Ejército del Perú, ubicada al sur de Lima. Según el reportaje de Perú21, la zona, destinada originalmente para fines castrenses, ha sido invadida y parcelada por traficantes de terrenos, quienes han aprovechado la falta de vigilancia para vender lotes de manera irregular. Entre las empresas señaladas, se encuentra una investigada por minería ilegal y otra vinculada a un proveedor del Ministerio de Defensa, lo que añade sospechas sobre posibles conexiones con redes de corrupción.
El predio, que debería ser un espacio estratégico para la seguridad nacional, se ha convertido en un blanco vulnerable para actividades ilícitas. Los invasores han dividido el terreno en parcelas, promoviendo asentamientos informales sin autorización. Esta situación pone en riesgo no solo la integridad del terreno militar, sino también la seguridad de la zona, al facilitar el ingreso de personas no identificadas en un área sensible. La falta de medidas efectivas por parte de las autoridades castrenses y locales ha permitido que estas acciones avancen sin control.
Una trama con conexiones preocupantes
La investigación de Perú21 revela que las empresas implicadas en la lotización tienen antecedentes que generan alarma. Una de ellas, dedicada a la minería ilegal, ha sido señalada previamente por actividades ilícitas, mientras que otra mantiene vínculos comerciales con el Ministerio de Defensa, lo que sugiere posibles conflictos de interés. La ausencia de una respuesta contundente por parte del Ejército y del gobierno local agrava el problema, dejando expuesta una extensión de terreno que debería estar resguardada para fines de defensa nacional.
Este escándalo pone en evidencia la necesidad urgente de reforzar la vigilancia y los controles en las propiedades militares, especialmente en áreas de expansión urbana como Lima Sur. Las autoridades deben actuar con rapidez para recuperar el terreno, sancionar a los responsables y evitar que casos similares se repitan en otras bases militares. La sociedad civil, por su parte, exige transparencia para esclarecer si existen redes de corrupción detrás de esta ocupación ilegal, mientras el futuro del predio permanece incierto.
