La Defensoría del Pueblo, bajo la gestión de Josué Gutiérrez, ha desatado controversia al destinar S/3 millones para construir una nueva sede en Chocalla, a pocos metros del exclusivo Boulevard de Asia, en el distrito limeño de Asia. El proyecto, ubicado en un terreno de más de 8.000 metros cuadrados a tan solo 30 metros del mar, fue presentado como una iniciativa para "mejorar la atención de todos los limeños", según palabras del defensor del Pueblo. Sin embargo, su capacidad limitada a 50 personas y las características del lugar han generado cuestionamientos sobre su verdadero propósito.
El predio, solicitado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), se encuentra en una zona privilegiada rodeada de condominios de lujo, con vista al litoral y acceso cercano a la playa, contrario a lo señalado por la SBN, que afirmó que "no se encontraría sobre zona de playa" y que está sobre un cerro de baja altitud. Según el semanario Hildebrandt en sus trece, el lugar ofrece una vista panorámica del mar, con piscinas y sombrillas de bambú visibles desde los alrededores. Además, el expediente técnico detalla instalaciones que incluyen comedor, cocina, salas de uso múltiple y estacionamientos, con un diseño que busca "integrarse con el entorno existente del distrito de Asia".
Vínculos políticos y dudas sobre el proyecto
La iniciativa ha levantado sospechas debido a los nexos políticos de Gutiérrez, quien asumió el cargo en mayo de 2023 con el respaldo de bancadas como Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú, obteniendo 88 votos en el Congreso de la República. La Comisión de Presupuesto, liderada por Lady Camones de APP, aprobó un fondo adicional de S/8 millones para la Defensoría, de los cuales S/3 millones financian esta obra. Asimismo, el jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, Erwin López Calvo, quien gestionó la solicitud del terreno, es un conocido militante de Somos Perú desde hace diez años, lo que alimenta las críticas sobre posibles compromisos políticos detrás del proyecto.
El expediente técnico, firmado por Jhon Escobar Fernández, jefe de Infraestructura y Seguridad Integral de la Defensoría, describe un espacio más cercano a un centro recreacional que a una oficina pública, lo que ha intensificado las dudas sobre su utilidad para la ciudadanía. Mientras tanto, la población cuestiona si una sede en una zona de élite, alejada de las necesidades cotidianas de los limeños, realmente responde a los objetivos de la Defensoría del Pueblo. La controversia sigue creciendo en medio de un contexto político donde la institución debería priorizar la defensa de los derechos ciudadanos por encima de intereses particulares.
