El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este martes al anunciar que exige una compensación de 230 millones de dólares al Departamento de Justicia (DOJ) por las investigaciones federales realizadas en su contra durante y después de su primer mandato. “Sí, probablemente me deben mucho dinero”, afirmó desde la Casa Blanca, en referencia a los procesos judiciales que, según él, afectaron su reputación y su carrera política.
La petición no tiene precedentes en la historia política de EEUU, pues se trata de un presidente en funciones reclamando al propio Departamento de Justicia, liderado por funcionarios designados por él mismo. Expertos en derecho constitucional advierten que este hecho podría marcar un nuevo conflicto entre los límites del poder ejecutivo y la independencia judicial.
DEMANDAS POR DAÑOS Y VIOLACIONES A SUS DERECHOS
Según fuentes judiciales, Trump presentó dos demandas por separado.
La primera, a finales de 2023, acusa al Gobierno federal de vulnerar sus derechos constitucionales durante las investigaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.
La segunda, interpuesta en el verano de 2024, señala al FBI y al Departamento de Justicia por el allanamiento a su residencia de Mar-a-Lago, Florida, en 2022, donde se incautaron documentos clasificados.
Ambas demandas buscan no solo reparación económica, sino también el reconocimiento de que los procesos fueron “maliciosos y con motivaciones políticas”.
CONFLICTOS ÉTICOS
Durante su nueva administración, Trump ha promovido acciones judiciales contra antiguos funcionarios que lo investigaron, entre ellos la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el exdirector del FBI, James Comey. Juristas sostienen que estas decisiones exponen un delicado conflicto ético: el uso del poder estatal para revertir o castigar investigaciones pasadas.
El reclamo de Trump por los 230 millones de dólares abre un debate político sobre el alcance de la presidencia y la separación de poderes, mientras su gobierno continúa enfrentando críticas por su manera de manejar la justicia desde la Casa Blanca.
