El Caribe volvió a ser escenario de tensión militar. Dos bombarderos B-52 de Estados Unidos sobrevolaron las aguas internacionales frente a las costas de Venezuela como parte de una operación de interdicción antinarcóticos, según confirmó el Comando Sur a través de su cuenta oficial en X (Twitter). El despliegue coincidió con una nueva ofensiva estadounidense contra redes de narcotráfico vinculadas, según Washington, al régimen de Nicolás Maduro.
MENSAJE POLÍTICO
Los bombarderos estratégicos, conocidos por su alcance intercontinental y capacidad de ataque, se integraron a los ejercicios de la flota anfibia USS Iwo Jima, junto a helicópteros AH-1Z Cobra y UH-1Y Venom. El Comando Sur informó que las operaciones forman parte de la estrategia presidencial para “interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional”.
Aunque los vuelos se realizaron íntegramente en espacio aéreo internacional, usuarios en redes sociales interpretaron las maniobras —registradas por aplicaciones de seguimiento— como una demostración de fuerza frente al gobierno venezolano. El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur, se encuentra además de visita en Granada y Antigua y Barbuda, donde negocia acuerdos de cooperación en defensa y vigilancia marítima.
REACCIÓN DE CARACAS
El despliegue aéreo se produjo un día después de que el presidente Donald Trump anunciara un operativo militar contra una embarcación sospechosa de narcotráfico cerca de las costas venezolanas, que dejó seis muertos. La Casa Blanca afirmó que los objetivos estaban vinculados a una organización designada como terrorista y reiteró su compromiso de “neutralizar el cartel de Maduro”.
En respuesta, el gobierno venezolano calificó las maniobras como una “agresión armada”, activando el plan de defensa “Independencia 200” con la movilización de tropas y milicias en zonas costeras. Aliados del bloque ALBA, como Cuba, Bolivia y Nicaragua, denunciaron las operaciones estadounidenses como intentos de desestabilización regional. Mientras tanto, en Washington, congresistas y juristas exigen claridad sobre la legalidad de los ataques en aguas internacionales, alertando sobre una posible violación de las competencias legislativas en materia de guerra.
